The full text on this page is automatically extracted from the file linked above and may contain errors and inconsistencies.
“Resumen del Informe sobre la Competitividad de la Economía de Puerto Rico” Palabras de Jamie McAndrews Vicepresidente Ejecutivo y Director de Investigaciones Banco de la Reserva Federal de Nueva York en la Convención Anual de la Cámara de Comercio de Puerto Rico Fajardo, Puerto Rico 29 de junio de 2012 Gracias. Yo también quiero expresar mi agradecimiento a la Cámara por la oportunidad que me brinda de discutir el estudio, titulado “Informe sobre la Competitividad de la Economía de Puerto Rico”. Quiero darles las gracias también a los panelistas que hemos reunido para discutir nuestras recomendaciones; estoy deseoso de escuchar sus opiniones. Como en el caso del Presidente Dudley, lo que tengo que decir refleja sólo mis propias opiniones y no necesariamente las del Banco de la Reserva Federal de Nueva York o las del Sistema de la Reserva Federal. Cuando miramos la Isla, vemos con claridad una serie de características que hacen de Puerto Rico una economía fuerte y potencialmente muy competitiva: el índice de alfabetización y el nivel de educación obtenida comparan favorablemente con los de la mayoría de las economías de la región y casi han alcanzado a los de los Estados Unidos continentales; la fuerza laboral es bilingüe, la economía es abierta y ocupa una posición central en el Caribe, lo que provee una vía de acceso entre los Estados Unidos continentales y América Latina, y los vínculos estrechos con los Estados Unidos continentales proveen muchas ventajas. De manera que el reto a quienes formulan la política pública está claro: aprovechar las considerables fortalezas de la Isla para elevar los niveles de vida y propulsar el crecimiento. Obviamente, no se trata de una tarea sencilla. En su nivel fundamental, sin embargo, instruye a quienes formulan la política pública a abordar decididamente los diversos impedimentos del entorno económico y de política pública que impiden que los recursos de la Isla se empleen de la manera más productiva. Puerto Rico ha realizado esfuerzos notables en años recientes por resolver diferentes problemas de competitividad, pero creemos que se puede hacer más. En el estudio, el equipo bosqueja cinco recomendaciones que, en su opinión, abordan elementos del entorno económico que tienen un impacto significativo en el desempeño económico de la Isla. La primera, y quizás más fundamental de todas, es reducir las barreras a la creación de empleos y a la participación en la fuerza laboral. Crear empleos y promover una participación activa en el mercado laboral, particularmente entre los más jóvenes y menos educados de la Isla, es un reto importante que enfrenta Puerto Rico y una prioridad esencial para sus dirigentes. Recomendamos concentrarse en políticas que estimulen la creación de oportunidades de empleo y aumenten los incentivos para trabajar. Un posible primer paso sería considerar un salario por debajo del salario mínimo federal para trabajadores de menos de 25 años de edad. Esto constituiría una extensión significativa del submínimo para jóvenes en la Isla y estaría diseñado para aumentar los incentivos para que las firmas contraten a trabajadores jóvenes y les ofrezcan entrenamiento en las primeras etapas de su vida laboral. El salario podría incrementarse a intervalos regulares de manera que alcanzara, al cabo de varios años, el mínimo federal. A la vez, Puerto Rico podría considerar reexaminar sus programas de asistencia social a fin de mejorar los incentivos a la búsqueda de empleo. Si estas políticas lograran aumentar las tasas de empleo y los resultados económicos en términos generales, podría considerarse una política más general dirigida a resolver los problemas asociados con el alto salario mínimo. Debido a que la productividad de Puerto Rico no se ha mantenido a la par con la de la economía de los Estados Unidos continentales, las continuas alzas al salario mínimo asociadas a aumentos en los Estados Unidos continentales limitarán cada vez más las oportunidades de empleo en la Isla. Una opción sería reducir el salario mínimo en la Isla. Este paso podría compensarse aumentando el crédito contributivo por ingreso devengado de Puerto Rico.1 Juntas, estas medidas podrían dejar a los trabajadores que reciben el salario mínimo con el mismo ingreso neto que tenían antes, pero incrementarían las oportunidades de empleo de los trabajadores que actualmente quedan fuera del mercado por consideraciones de precio. Otra opción sería mantener constante el salario mínimo en términos nominales por un período de tiempo hasta que la productividad en la Isla alcance a la de los Estados Unidos continentales. De nuevo, esta medida podría combinarse con un aumento en el crédito contributivo por ingreso devengado. Así, las autoridades podrían conseguir que aumentara el ingreso neto después de contribuciones de los trabajadores con salarios bajos, a la vez que aumentan las oportunidades de empleo. La segunda recomendación se relaciona con el hecho de que un sector de energía eficiente y competitivo es esencial al éxito general de la economía puertorriqueña. La energía es un factor importante para todas las familias y todas las empresas. Las mejores prácticas sugieren que debe establecerse una comisión reguladora que fiscalice a la Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico para proteger a sus consumidores y aumentar la eficiencia de sus operaciones. Es habitual en los Estados Unidos continentales, así como en otros países, que un monopolio de servicios públicos se someta a fiscalización de una comisión reguladora, incluso cuando los servicios públicos son propiedad del gobierno. La comisión ayudaría a supervisar la conversión de petróleo a gas natural para la generación de electricidad, un cambio que es imperioso desde el punto de vista de los costos. El clima comercial general es un factor clave que apuntala la competitividad de las firmas y de la economía en la que operan. Estudios independientes sugieren que Puerto Rico continúa a la zaga del continente y de sus pares en la región en lo que se refiere a la facilidad para desarrollar actividades comerciales. Estos estudios han encontrado algo de progreso en años recientes, luego de instituidas varias medidas dirigidas a mejorar el clima comercial. Pero parece que se justifican esfuerzos adicionales por simplificar los procesos regulatorios y reducir la burocracia. Por otra parte, el alto costo del transporte marítimo constituye un lastre sustancial a la productividad de la Isla. Una opción podría ser solicitar una exención temporal--de cinco años, por ejemplo--de las disposiciones de la Ley Jones, a fin de evaluar si estas restricciones en realidad elevan sustancialmente los costos del transporte marítimo y también evaluar los costos y beneficios que produciría una exención permanente. 1 Earned Income Tax Credit o EITC, por sus siglas en ingles. (N. de la T.) Otra recomendación se relaciona con la industria de la educación superior en la Isla, una industria respetada y bien establecida. Las universidades son activos importantes que pueden ayudar a los países a participar activamente en la economía basada en el conocimiento. Una manera en que la Isla puede aprovechar estos activos es continuar fomentando las asociaciones entre la industria y las instituciones de educación superior. La investigación económica ha demostrado que estas asociaciones tienden a ofrecer beneficios para la economía local incrementando la actividad económica asociada con la creación, desarrollo y comercialización de nuevos productos o procesos. Un camino posible sería que el gobierno de Puerto Rico o una institución sin animo de lucro en la Isla ayude a establecer un centro de excelencia que se enfoque en el desarrollo de tecnologías de importancia mundial, brindando un capital inicial e incentivando la inversión de la industria. Por último, el potencial de crecimiento de la economía está fuertemente influido por la calidad de las políticas gubernamentales. Al considerar la mejor manera de aumentar la competitividad de la Isla, las autoridades continuamente se enfrentan a decisiones sobre una gran cantidad de propuestas con costos y beneficios inmediatos y a más largo plazo. En consecuencia, se deben realizar más esfuerzos por evaluar políticas específicas para determinar si los beneficios exceden los costos. De esta forma, las mejores ideas tendrán la oportunidad de ser adoptadas mientras que las deficientes podrán ser eliminadas. Una agencia gubernamental independiente deberá contar con los recursos para suministrar este tipo de análisis al público. Además, la calidad de las políticas del gobierno depende de datos económicos y demográficos precisos y oportunos. Muchos indicadores económicos útiles empleados en los Estados Unidos continentales simplemente no están disponibles para Puerto Rico o todavía están en desarrollo, como por ejemplo, medidas de los precios de vivienda, indicadores de vacantes comerciales y de confianza del consumidor. Más recursos deben dedicarse a mejorar y ampliar la recolección de datos. Estas cinco recomendaciones no deben ser vistas como una solución rápida, ni como medidas que proveerían un estímulo de corto plazo a la economía de la Isla, sino como pasos dirigidos a ayudar a aumentar gradualmente la competitividad de Puerto Rico. Las presentamos para su consideración y discusión e invitamos a las personas y entidades interesadas en la Isla a comentar con respecto a su implementación e impactos esperados. Y queremos comenzar esa conversación hoy, con una discusión profunda en la que el panel evalúe las dos primeras recomendaciones: reducir las barreras a la creación de empleos y a la participación en la fuerza trabajadora, y reformar el sector energético a fin de aumentar la competencia y reducir los costos. Ahora dejaré la reunión en manos de nuestro moderador, Miguel Soto-Class, presidente del Centro para la Nueva Economía, quien presentará a los panelistas y moderará la discusión.